La Defensoría del Pueblo de la provincia de Jujuy adhiere a la declaración realizada por el organismo que nuclea a todas las Defensorías del país en referencia a la gravedad institucional que implica la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad  y la transferencia de sus funciones al ámbito del Ministerio de Salud.

En el comunicado la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) expresa que esta medida configura una afectación directa a la institucionalidad pública en materia de discapacidad, al suprimir un organismo rector con competencias específicas y transversales, y sustituirlo por una estructura sectorial que no resulta equivalente en funciones, jerarquía ni capacidad de coordinación interministerial.

La discapacidad no es una cuestión meramente sanitaria. Reducirla al ámbito exclusivo de la salud implica reinstalar una mirada medicalizante y reduccionista, largamente superada por los estándares internacionales, que desconoce la dimensión social, jurídica, educativa, laboral, habitacional, cultural, comunicacional y comunitaria de la discapacidad. Las personas con discapacidad no son pacientes: son sujetos plenos de derechos, titulares de autonomía, dignidad, participación social e igualdad real de oportunidades.

Este enfoque integral se encuentra expresamente consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en nuestro país, que obliga al Estado argentino a diseñar, implementar y evaluar políticas públicas desde un modelo social y de derechos humanos, y no desde esquemas asistencialistas o meramente clínicos. 

En este marco, la eliminación de un organismo especializado como la Andis no constituye una simple reorganización administrativa. Supone, en los hechos, la desarticulación de una institucionalidad específica creada para promover, coordinar y garantizar políticas públicas transversales en materia de discapacidad en todos los estamentos del Estado nacional.

Ello conlleva riesgos concretos y verificables, tales como la pérdida de especialización técnica, la dilución de responsabilidades, el debilitamiento de la rectoría estatal, la fragmentación de políticas públicas y la afectación directa del acceso efectivo a derechos.

Adpra recuerda que, con sus limitaciones, altibajos y funcionamiento fluctuante —propios de toda estructura estatal—, tanto la Andis como su antecedente, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), han constituido espacios institucionales válidos para la formulación, articulación y seguimiento de políticas públicas, con participación activa de organizaciones de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias. La respuesta frente a eventuales deficiencias de gestión no puede ser la supresión del organismo, sino su fortalecimiento, profesionalización y mejora de los mecanismos de control y transparencia.

Resulta jurídicamente improcedente y carente de sustento institucional sostener que no existirán retrocesos en derechos con el solo argumento de la continuidad de prestaciones económicas. Los derechos de las personas con discapacidad no se agotan en pensiones, subsidios o programas asistenciales. Exigen presencia estatal activa, políticas integrales, capacidad institucional autónoma y enfoque intersectorial que abarque el trabajo, la educación, el transporte, el urbanismo, la accesibilidad, la comunicación y la participación ciudadana.