El Procurador General del Ministerio Público de la Acusación de de la provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez y el Procurador General del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, suscribieron un convenio marco y dos convenios específicos para establecer un sistema de colaboración interinstitucional.
El convenio marco tiene por objeto establecer un marco general de cooperación institucional entre las partes, con el fin de desarrollar acciones conjuntas, coordinar esfuerzos y generar mecanismos de colaboración mutua en materia de política criminal, investigación penal, persecución del delito, fortalecimiento institucional, modernización tecnológica, capacitación y el intercambio de información.
Asimismo, este acuerdo prevé cualquier otra actividad que contribuya al mejor cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de ambas instituciones y el acuerdo tendrá una vigencia de dos años, siendo las principales líneas de cooperación la coordinación en las investigaciones penales complejas, transfronterizas y de carácter interjurisdiccional.
Así mismo, el intercambio de experiencias, las buenas prácticas y las herramientas de gestión institucional, tecnológica y administrativa, son valuartes fundamentales para la formación y la capacitación conjunta de los funcionarios judiciales, mediante la implementaciónd de cursos, talleres, pasantías, seminarios y publicaciones.
El desarrollo de las tecnologías aplicadas al sistema penal, la interoperabilidad de los sistemas de gestión y el análisis de la información criminal, también son materia de inserción en este acuerdo, junto a la colaboración en las áreas médica forense, laboratorios, criminalística, psicología y equipos otros equipos interdisciplinarios.
Convenios Específicos.
Los convenios específicos tienen por finalidad establecer mecanismos de colaboración y articulación tecnológica, destinados al acceso, consulta, intercambio y verificación recíproca de antecedentes penales, registros relevantes y datos vinculados a personas sometidas a investigaciones penales. Estos acuerdos tendrán una vigencia de tres años.
Entre sus principales ejes se destacan:
Conformación de un equipo técnico conjunto, integrado por profesionales de informática, sistemas y áreas legales, que se encargará del diseño, planificación y ejecución de acciones para garantizar un acceso seguro, trazable y limitado a bases de datos con registros relevantes, la creación de canales institucionales de consulta, bajo criterios de confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento normativo.
Implementación de mecanismos de acceso mediante usuarios institucionales con perfiles diferenciados y auditables, cuando sea técnicamente viable y jurídicamente permitido. La elaboración de un protocolo técnico-operativo con estándares de seguridad, control de accesos, protección de datos personales y resguardo del secreto de actuaciones judiciales.
