El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó el martes pasado a cuatro hombres por el transporte de 418 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cemento a penas de entre 7 años de prisión y 9 años y 6 meses de prisión. La operación había sido desbaratada en noviembre de 2023 a partir de una investigación del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.

El juez Domingo Batule -quien presidió el cuerpo- y las vocales Gabriela Catalano y Alejandra Cataldi consideraron a los cuatro condenados responsables del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de participantes, en el final de un extenso debate desarrollado entre septiembre y noviembre pasados.

El chofer del camión, Santos Pascual Yufra, y el gestor de los vehículos que utilizaban esta y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, David Liquitaya Choque, recibieron la pena de 9 años y 6 meses de prisión en calidad de coautor y partícipe necesario, respectivamente.

El acompañante del transportista, Fernando Ariel Ramírez, fue condenado a 7 años de prisión, mientras que Darío Ezequiel Giménez, quien durante la operación conducía un vehículo “puntero” para advertir sobre posibles controles, recibió una pena de 8 años y 6 meses de prisión. Ambos fueron considerados coautores de aquellos delitos.

La acusada Matilde Ayala, pareja de Yufra, resultó absuelta.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el tribunal hizo lugar al decomiso de un camión Volvo, tipo tractor de carretera, de un semirremolque tolva y de siete teléfonos celulares. En cuanto al resto de los vehículos secuestrados, desde la fiscalía se informó que están en proceso de decomiso.

La sentencia respondió al requerimiento el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, en el marco de una investigación que inició dos meses antes de la desarticulación de esa organización narcocriminal, que operaba a nivel trasnacional.

Para la fiscalía, el caso reflejó la modalidad de adquisición de la droga en Bolivia, su paso a la Argentina y luego a otros mercados internacionales, y también dejó a la vista el manejo de fondos para solventar una operación de tráfico de envergadura, como el ingreso de las ganancias y las maniobras financieras dirigidas al “blanqueo” de ese dinero.

El MPF marcó que esta investigación tiene conexión con otra que la PROCUNAR NOA y la Unidad Fiscal de Jujuy llevan adelante sobre lavado de activos desplegado por un clan familiar que operaba en esa provincia, con la cual estaban conectados los cuatro condenados.

El caso

La fiscalía logró demostrar en el juicio cómo se planificó y se llevó adelante el tráfico de los 418 kilos de cocaína, que comenzó con las tratativas llevadas adelante por Maximiliano Liquitay, contra quien existe un pedido de captura nacional e internacional.

En su alegato, el fiscal rechazó que la operación de tráfico hubiera sido neutralizada de manera casual y sostuvo que fue producto de una investigación iniciada dos meses antes desde el Área de casos Complejos, con intervención del auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y del investigador Pablo Carraro.

Indicó que el caso se inició con una denuncia anónima, a través de la cual se reveló el accionar de una organización que adquiría importantes cantidades de cocaína, que era trasladada en camiones a destinos como Córdoba y Buenos Aires.

El fiscal explicó que el denunciante, que dijo ser chofer, sostuvo que le habían ofrecido ser transportista de la organización y que había rechazado la oferta. Aportó, entre otros datos sobre la estructura narcocriminal, las identidades de Yufra, a cargo del transporte, y las de Liquitaya y Liquitay, como los principales responsables.

Añadió que, en base a esta información, se llevaron adelante tareas de campo y también de inteligencia criminal, que estuvieron a cargo de efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes posteriormente prestaron declaración en el debate y confirmaron la participación de los acusados en las maniobras llevadas adelante, tanto antes como durante el traslado de la droga.

Precisó que, entre las medidas que fueron objeto de debate, se destacaron las escuchas telefónicas, pues de allí surgieron datos precisos sobre la operación de tráfico de la cocaína, tanto al momento de los preparativos previos como durante el transporte.

Toranzos sostuvo que de esa forma se estableció que la organización había comenzado con las maniobras entre el 6 y 7 de noviembre del año pasado, fechas en las que Yufra realizó un llamado a otra persona para organizar un viaje, mientras que Liquitaya adelantó que el 12 de ese mes (cuando finalmente fue interceptado el cargamento) viajaría a Tucumán. Liquitay también reveló que, para ese día, estaría en Buenos Aires.

“Prendé velas”

El fiscal relató que el 8 de noviembre el camionero habló con su pareja y le pidió que quemara “las bolsas de cemento” y que hubo otros contactos con Ramírez y Giménez -apodado “Rojito”- para que ayuden en esta tarea. La alusión a la quema de las bolsas de cemento fue literal, puesto que en la operación se utilizó el contenido para ocultar la droga en el semirremolque y habían quedado vacíos los recipientes de cartón. En efecto, en las tareas de investigación se hallaron restos de bolsas quemadas.

En este punto, la defensa de Giménez intentó deslindar a su cliente del caso al negar el apodo por el cual era nombrado en las comunicaciones, pero el fiscal lo rebatió al recordar que el propio Liquitaya, en otro llamado, confirmó que "Rojito" era su alias.

Toranzos refirió que, dado que la empresa delictiva ya estaba en la fase de transporte, la fiscalía coordinó tareas con el Grupo Operativo Conjunto (GOC) del NOA, que reúne a las policías Federal y de Salta y a la Gendarmería Nacional, con el cual se montó un operativo el 12 de noviembre, que derivó en la detención de todos los imputados.

Marcó que, previo a ello, entre el 10 y el 11 de ese mes, el camión que conducía Yufra -con Ramírez de acompañante- sufrió un desperfecto en la localidad de Antillas, en el sur de la provincia de Salta. Precisó que, con la excusa de evitar algún accidente dado el porte del camión, una patrulla de la Gendarmería Nacional se presentó y realizó una requisa de rutina.

El fiscal explicó que el camión tenía un rodamiento roto, por lo que el chofer estaba a la espera de que un enlace local llegara con un repuesto. En ese contexto, se avanzó con la requisa con un can y un escáner móvil, pero sin éxito.

Pese a que no se encontró nada, el fiscal remarcó la importancia de ese primer contacto, pues los acusados intercambiaron en sus comunicaciones sensaciones sobre el momento vivido ante la presencia de los gendarmes, que finalmente jugaron en su contra.

Por ejemplo, el fiscal remarcó una comunicación de Yufra con su pareja, quien estaba al tanto de la maniobra, en la que el camionero relata el preciso momento en que los uniformados se presentaron. El conductor le hizo un ruego a su esposa: “Prendé velas porque llegaron las aceitunas”, le dijo, en alusión al color del uniforme de los gendarmes.

En otra comunicación, sostuvo el fiscal, “Yufra le dice a su pareja que Ramírez se portó muy bien, que supo llevar adelante la situación y se sentía orgulloso”. Ramírez por su parte, calmó a su madre -la pareja de Yufra- y le dijo que “pasó la tormenta”, que “está todo bien y superaron la situación”, como así también que van a “tener que agradecer”, reconstruyó el representante del MPF.

Añadió que, tras la retirada de los gendarmes, los acusados se sintieron relajados. Pero explicó que, por el contrario, desde la fiscalía se profundizó el cerco sobre el camión, que ya había salido de territorio salteño e ingresado a la localidad de 7 de Abril, en Tucumán, donde fue interceptado y trasladado hasta el escuadrón de Burruyacú, cercano al lugar, el 12 de noviembre.

El fiscal explicó que en las tareas de inspección se descubrió finalmente que la droga había sido sepultada por miles de kilos de cemento, lo que demandó un gran esfuerzo por parte de los gendarmes de ese escuadrón, quienes debieron ingresar dentro de la tolva, cavar con herramientas improvisadas y sin el equipamiento de bioseguridad. Ello motivó el reclamo de Toranzos por lo que entendió una falencia de parte de la fuerza federal.

Tras resaltar la dedicación de los gendarmes, el fiscal señaló que se pudieron descubrir los paquetes de droga y culminar el operativo con la detención de los acusados y el secuestro de los 418 kilos de cocaína, de entre un 72 a 91% de pureza y una capacidad para obtener 3.321.490 dosis, una cifra que supera dos veces la población de la provincia de Salta.

Giménez y Liquitaya también fueron detenidos, al igual que la pareja del camionero, a quien la fiscalía consideró coautora del transporte, puesto que, más allá de las dos comunicaciones descriptas, se descubrieron otras más que, para la fiscalía, dan cuenta de que integraban la organización, pues -indicó Toranzos- la mujer hacía de nexo tanto en los actos previos del transporte como durante los viajes.

El fiscal consideró acreditada la responsabilidad de Yufra y Ramírez, como también la de Giménez, pues explicó que la participación de este último surgió de las intervenciones telefónicas y de la geolocalización de su teléfono, que coincidieron con la ruta del cargamento y evidencian su rol de “coche puntero” durante el transporte.

En relación con Liquitaya, Toranzos remarcó que aparece apuntado desde la denuncia anónima, pues allí se indica que era el encargado de gestionar los vehículos y hasta se aportó un domicilio -en una zona de chalets de Salta- como base de operaciones.

En este punto, el fiscal destacó la inversión económica dispuesta para ejecutar el transporte, que se evidencia con la utilización del camión con semirremolque y la cantidad de bolsas de cemento adquiridas, y con las maniobras realizadas por ese acusado a fin de obtener toda la documentación vehicular en regla.

“Ingeniería documental”

En efecto, el fiscal explicó que el rol de Liquitaya dentro de las estructuras dedicadas al narcotráfico era poco conocido, pero de vital importancia, pues su especialidad consistía en evitar cualquier irregularidad documental que levantara sospechas. Indicó que esto lo hacía una pieza clave, tanto para esta organización como para otras, pues por su habilidad se encontraba conectado con varios grupos.

Añadió que este imputado también está siendo investigado junto a la PROCUNAR NOA en otro caso junto a Liquitay, en el que se logró el secuestro, en la provincia de Jujuy, de una flota de vehículos de alta gama y otros de gran porte dispuestos para el transporte de drogas.

Toranzos especificó que, en ese contexto, la tarea de Liquitaya era gestionar tanto los rodados como los papeles y permisos, lo cual no era sencillo, pues en el caso del camión Scania que llevaba los 418 kilos de cocaína tuvo que hacer varios trámites, incluso un viaje a otra provincia para adquirir la documentación en regla.

Citó, entre otros argumentos, la vinculación de este acusado en otros casos resonantes, como un procedimiento en el que se secuestraron 200 kilos de droga que era transportada en un camión Mercedes Benz, cuya documentación fue gestionada por él para el clan de los Liquitay, que aparecen como su cliente principal.

En este punto, el fiscal resaltó las diligencias realizadas tras el secuestro de la droga, dirigidas a dar con Maximiliano Liquitay. En una de ellas se allanó un galpón ubicado en el Barrio San Pedrito de la capital jujeña, donde, si bien no hallaron al imputado, se descubrió una flota de 12 vehículos, entre los que había camionetas Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan Frontier, tres camiones (dos Mercedes Benz y un Sacnia) y autos: Chevrolet Corsa, VW Fox, Renault Fluence, Citröen Berlingo y VW Vento. También encontraron chalecos antibala de la Policía de Córdoba y dos armas de fuego.

El fiscal rechazó de plano los argumentos dados por el mismo Liquitaya, quien deslindó las acusaciones y se presentó como un devoto feligrés de una iglesia evangélica. Toranzos consideró que ese detalle no era menor, pues la sede del culto al que asistía estaba en Tucumán y el camión que llevaba la droga estaba registrado a nombre de esa iglesia. La actividad, consideró, se trataba de una pantalla.

Toranzos sostuvo que el verdadero rol de Liquitaya estaba ligado a la “ingeniería documental” detrás de cada vehículo elegido para el transporte droga. Dijo que, si bien trató de tomar distancia del uso final de los rodados que gestionaba, el imputado continuó con esa modalidad aun después del secuestro del camión con 200 kilos de droga.

“Sobre su labor de pastor, no hay un testigo qué dé fe de eso; sin embargo, sí existe prueba directa, a partir de su teléfono, de que estuvo en Tucumán en los días en que se llevaba adelante el transporte de la droga, como así también hay comunicaciones con Yufra”, concluyó.

Por su parte, las defensas -excepto la de Liquitaya- plantearon la nulidad de las intervenciones telefónicas a partir de cuestionamientos realizados respecto a la denuncia anónima, y su valor jurídico para justificar la invasión de la intimidad.

El tribunal rechazó esa pretensión y declaró penalmente responsables a Yufra, Ramírez, Giménez y Liquitaya, cuyas condenas terminaron de cerrarse al abordar el juicio de determinación de la pena, donde el debate avanzó sin mayores puntos de litigio. En cuanto a Ayala, pareja del transportista, los jueces se inclinaron por su absolución.

A pedido de la fiscalía, el tribunal ordenó al Ministerio de Seguridad de la Nación que tome las medidas pertinentes y dote de elementos de bioseguridad a las fuerzas federales.

CRÉDITOS: WWW.FISCALES.GOB.AR