El juez federal de Revisión de Salta, Guillermo Elías, envió a juicio oral a cuatro hombres acusados como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes, quienes fueron detenidos tras el hallazgo de 422 paquetes, con un total de 136 kilos de cocaína mezclados en azúcar, que estaban ocultos en un camión. La decisión judicial fue promovida por la fiscal a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal, Lucía Orsetti, en el marco de la audiencia de control de la acusación celebrada el 13 de febrero pasado.
Los cuatro imputados son Walter Ever Passarino, Dante David Villa, Lucas Manuel Bonilla y Alan Adrien Imanol Sánchez. La investigación del caso se inició el 12 de mayo de 2024, cuando Passarino fue detenido mientras conducía un camión Ford Cargo con acoplado, sobre la ruta 34, entre las ciudades de Embarcación y Pichanal, en el norte provincial.
El procedimiento se originó a partir del aviso realizado por una automovilista a los efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaban controles a la altura del kilómetro 1.346. La mujer informó que a la altura del paraje “La Quena” había visto un camión que circulaba en zigzag y le solicitó que intervinieran, ante la posibilidad de que el conductor estuviera ebrio y pudiera causar un accidente.
Al acudir al lugar, los gendarmes encontraron a Passarino, quien les manifestó que se hallaba a la espera de un llamado respecto a una carga que debía trasladar. Le requirieron la documentación identificatoria y en esa circunstancia el camionero comenzó a caminar en círculo y a fumar, según describieron después los integrantes de la fuerza de seguridad.
Como el camionero no portaba cédula de conducir, los gendarmes se comunicaron con la Sede Fiscal, que dispuso la requisa del vehículo con todos los protocolos correspondientes. Al abrir la compuerta de la caja durante la inspección, los efectivos advirtieron un fuerte olor a pintura fresca.
Luego detectaron en la pared de la baranda principal, entre la cabina y el chasis, una soldadura sellada con masilla y, en la parte superior, un chapón con tornillos. Tras removerlos, quedó expuesto un habitáculo en el que hallaron 422 paquetes. Las pruebas de campo sobre la sustancia que contenía dieron resultado positivo para cocaína.
Dos días después, el 14 de mayo, el fiscal federal Marcos Romero formalizó la investigación penal contra Passarino por el delito de transporte de estupefacientes, mientras que, entre el 23 y 28 de agosto, se produjo la detención e imputación de Villa, Bonilla y Sánchez, a partir del resultado de tareas de inteligencia criminal que el representante del MPF dirigió en función de la información extraída de dos teléfonos celulares secuestrados al camionero.
“Tiene que parir la vaca”
Durante la audiencia de control de la acusación, la fiscal Orsetti resaltó la contundencia de pruebas obtenidas en la investigación. Se refirió en particular al registro de audios y mensajes que confirman la relación de los acusados, el dominio que tenían del hecho y la participación en la consumación del delito.
Orsetti ratificó el rol de transportista de Passarino, quien mantuvo varios diálogos con los otros acusados respecto al transporte de la droga. Explicó que, en uno de esos contactos, por ejemplo, el camionero se mostró ansioso por el viaje que debía hacer, al sostener que “ya tiene que parir la vaca”.
La fiscal también marcó que en los contactos surgían varios pedidos de adelanto de dinero del pago pactado, con distintos argumentos, por sumas de 30 o 20 mil pesos, tanto para la compra de remedios o bien para dejar a su familia antes del viaje.
Por otro lado, la fiscal consideró acreditada la participación de Villa, a quien acusó de haber asistido al transportista para llegar hasta el lugar donde estaba el camión cargado con la droga, como con la entrega de un teléfono por el cual iba a ser monitoreado.
Orsetti describió que, a través del análisis de los dispositivos telefónicos, se comprobó también que había diálogos entre ambos acusados relacionados al transporte y que Villa estuvo a cargo del control de la operación.
Añadió que la investigación permitió establecer que Bonilla fue quien había contratado a Passarino como transportista, lo cual surgía de comunicaciones entre sí y de un encuentro que mantuvieron en Salvador Mazza, en el que Sánchez cumplió la función de chofer y encargado de la seguridad de esa reunión.
Pese a una serie de cuestionamientos expuestos por las defensas, que fueron rechazados por el juez de Revisión, la teoría del caso quedó firme. A partir de la prueba expuesta, la fiscal consideró el suceso de extrema gravedad, ante la estrategia de los defensores por tratar de restarle mérito al resultado del operativo que desbarató la organización.
Uno de los motivos de los cuestionamientos de la defensa giró en torno al hecho de que fueron descubiertos 422 paquetes que contenían 136 kilos de cocaína, y que la droga había sido mezclada con azúcar. Las defensas minimizaron el tenor del secuestro, a la vez que sembraron sospechas sobre el personal de Gendarmería Nacional.
Los señalamientos fueron rebatidos por la fiscal, que no le restó valor a la cantidad de la droga —“aún fuera un kilo”, dijo— y marcó que el estupefaciente incautado tiene una capacidad de producción de 24.758,415 dosis, lo que representa un enorme riesgo a la salud pública.
Orsetti defendió la tarea de la fuerza de seguridad, pues sostuvo que todos los peritajes se realizaron de acuerdo a los protocolos correspondientes y en su momento no fueron objetados por las defensas, cuyas argumentaciones calificó de tardías y sin fundamentos.
Tras escuchar a las partes, el juez de revisión rechazó aquellos planteos de las defensa e hizo lugar a las pruebas ofrecidas por las partes, para luego dictar el auto de apertura de juicio del caso, que se tratará con la intervención de un tribunal colegiado.
