¿Cómo te convertiste en fiscal federal en Salta? ¿Cuáles fueron tus desafíos en la función?

Fui designado como fiscal federal en Salta en el año 1993. Todavía no puedo creer que hayan pasado más de 30 años, antes había cumplido funciones como funcionario en las secretarías Electoral, Civil y Penal del Poder Judicial. El rol del fiscal me atrapó -a pesar que significaba un mayor compromiso- porque en aquella época sólo existía una fiscalía de primera instancia en toda la provincia y tenía también competencia “electoral” y “no penal”. Además, me desempeñé como Fiscal de Cámara subrogante y Fiscal de Juicio subrogante en las provincias de Salta y Jujuy. Actualmente, con la implementación del sistema acusatorio, desde el año 2019, estoy a cargo principalmente del “Área de investigación y litigación de Casos Complejos” y el “Área no penal” de la Unidad Fiscal Salta. Mi ingreso al Ministerio Público coincidió con la creación de la Cámara Federal y el Tribunal Oral de Salta por la implementación del sistema procesal conocido como mixto, por lo que mi desafío inicial consistió en lograr que la Fiscalía tenga una mayor participación en las investigaciones preliminares, en especial en las causas de narcotráfico. Tarea que no fue fácil, porque había que superar los resabios del inquisitivo en la organización judicial, donde primaba la idea que sólo el juez era el conductor de la instrucción. La incorporación de la oralidad en la etapa de juicio, me exigió una capacitación especial en la forma de gestionar las acusaciones, lo que después me sirvió para el adversarial. Fue, y todavía lo es, un camino muy escarpado para llegar al sistema acusatorio, donde el fiscal es el exclusivo director de la investigación.

¿Cómo ha evolucionado el narcotráfico en el norte argentino? ¿Se ha sofisticado la forma en que operan las bandas criminales?

La provincia de Salta limita con tres países (Chile, Bolivia y Paraguay), sus fronteras son muy extensas, con variada geografía, por lo que la problemática criminal tiene características muy particulares. La frontera es el termómetro más inmediato de la situación económica y social del país, porque se adapta, con una velocidad impresionante, a los vaivenes financieros, afectando las actividades de comercio exterior, tanto de importación como de exportación. Existe un constante e importante movimiento de personas y mercaderías, con un intenso tránsito vecinal por pasos no habilitados, lo que llevó a naturalizar el comercio y el trabajo informal, circunstancias que son aprovechadas por las organizaciones criminales para cooptar recursos humanos vulnerables y camuflar sus acciones de narcotráfico, contrabando, tráfico de personas y divisas, inmigración ilegal, sicariato, etc. En ese contexto, el narcotráfico tuvo un crecimiento exponencial, no sólo en las cantidades de droga que circula en la región, sino también en la sofisticación de las maniobras de ocultamiento. Del ingreso masivo de “mulas” o “camellos”, se pasó a los importantes cargamentos embutidos en vehículos adquiridos al efecto, con una ingeniería costosa de ocultamiento, para luego introducir centenares de kilos de droga por medio de avionetas, las que “bombardean” la cocaína en parajes despoblados o la descargan en pistas clandestinas en provincias internas del país. Esto permitió la proliferación de bandas con alta capacidad operativa y equipadas con moderna tecnología, generalmente con una estructura de clan, compuestas desde “baqueanos” hasta profesionales, que actúan como células inconexas al servicio de la logística del estupefaciente y de sus réditos a las grandes ciudades o a otros continentes.

Hay quienes sostienen que la frontera norte es una de las zonas más permeables para el tráfico de drogas. ¿Qué se está haciendo para frenar este fenómeno y qué más se debería hacer?

Durante mucho tiempo oficialmente se invocó, para proyectar las políticas públicas de prevención y persecución, que la Argentina era un “país de tránsito” del narcotráfico, en el entendimiento que su utilización territorial era circunstancial y superficial, sin advertir que esos movimientos delictivos fueron contaminando las comunidades al paso, ya sea porque la organización desgranaba parte del tóxico para solventar los gastos del transporte o porque descartaba en el camino los desperdicios o el estupefaciente de mala calidad, conformando nichos de severas adicciones. El narcotráfico invierte en impunidad, eso provocó fisuras de corrupción en todos los extractos sociales, tanto en el ámbito político, judicial, de las fuerzas de seguridad, etc. Cada día crece más el poder del dinero ilegal ante una sociedad debilitada en su formación moral, la que ve frustrada sus metas por fracasos estructurales. Actualmente, en la frontera del NOA, existe un importante avocamiento de seguridad, se sumaron efectivos de distintas fuerzas policiales, aumentando los controles migratorios y de mercaderías para impedir y dificultar el establecimiento de estructuras delictivas, caracterizadas por sus accionar violento y transnacional. Existe un diagnóstico de la peligrosidad latente muy cercano a la realidad. No obstante ello, soy de la idea que una inmersión efectiva del tema, no se ciñe exclusivamente en sumar cantidad de manos sino que se debe aspirar a mejorar la calidad tecnológica de la función del control. Un efectivo sin una contención oficial apropiada puede ser presa fácil de los cantos de sirenas de la ilegalidad, convirtiéndose en un soldado calificado del crimen organizado. Por ello, son bienvenidos los programas que pretenden un abordaje integral de la problemática, que tenga en cuenta, entre otras cosas, una presencia estatal, con proyectos sociales y laborales; una mayor tecnificación y especialización en las herramientas de persecución penal, y la articulación de programas nacionales de educación en los principios éticos, desde la primera infancia. El valor de hacer lo correcto.

Teniendo en cuenta que la implementación del sistema acusatorio comenzó en tu jurisdicción ¿qué tan efectivo ha sido? ¿ha mejorado la rapidez y eficiencia de los procesos?

Habiendo transcurrido casi seis años desde la implementación plena del sistema acusatorio federal en las provincias de Salta y Jujuy, se puede afirmar que la magnitud de esta reforma procesal, por su esencia, produjo un importante cambio cultural en los fiscales, jueces, defensores y fuerzas de seguridad, que redundó favorablemente en el servicio de justicia.

No sólo se redujo considerablemente los tiempos de trámite de los procesos penales, sino que existe una mejor e inmediata respuesta a las victimas próximas, sobre todo en los hechos que violan los derechos humanos, como por ejemplo en los delitos de trata de personas. En lo personal, considero que el instituto del “Fiscal del caso” jerarquizó el impulso de la acción penal, dándole mayor calidad a las acusaciones, ya que aquel se responsabiliza en llevar a juicio solo aquellos hechos que tienen una trascendencia delictiva, con una contundencia probatoria que haga probable una condena. Resulta impactante observar la división de funciones en una audiencia oral y pública, ya que, sin solución de continuidad, la fiscalía justifica el porqué del sometimiento a proceso de una persona, las diligencias pendientes y las medidas cautelares (las que son medidas en días), ante el control directo de una defensa que expone su propia hipótesis del caso, con igualdad de armas, obteniendo una definición inmediata y pertinente del juez, que verifica en tiempo real el cumplimiento de las garantías constitucionales en la investigación e impone los plazos para su conclusión, todos ello, en presencia de los imputados y las víctimas. Se abandonó totalmente el expediente, que no tenía obligación de respuesta pronta y sucesiva. La profundización de una justicia restaurativa, como política pública, tiene influencias concretas en una sociedad democrática, puesto que prioriza la armonía social, reivindicando el diálogo, la flexibilidad, y el consenso en la reparación del daño de la víctima, en especial en aquellas acciones desviadas de baja lesividad al bien jurídico protegido. Dicha práctica, permite direccionar la atención de las instancias investigativas a los casos de mayor complejidad. La meta es lograr una investigación científica y estratégica, que supere los estándares del tratamiento de los casos de flagrancia. Como se ve el acusatorio enfrenta varios desafíos; entre ellos, el de disminuir los altos índices de impunidad en los delitos de corrupción y el desbaratamiento de las estructuras delictivas. Ello requiere una adecuación normativa y de recursos, en función del fenómeno ilícito a tratar en cada región donde se implemente.

El procurador Eduardo Casal reclamó al Ministerio de Justicia de la Nación más fondos para continuar con la aplicación del sistema. ¿Es una queja recurrente?

Es inconcebible la independencia del Ministerio Publico Fiscal y de la función judicial, que garantiza la Constitución Nacional y los tratados internacionales, sin un presupuesto adecuado que permita desarrollar de manera regular y eficaz las funciones encargadas legalmente a los fiscales. Ello impone que la institución ejerza un control autónomo de los recursos. Es decir, que la Procuración General debe tener obligada intervención en su determinación, y mucho más en algún recorte o disminución de las asignaciones presupuestarias. La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de La Nación (AFFUN) en reiteradas oportunidades se sumó a los reclamos presupuestario del Dr. Casal, en conocimiento que el Ministerio Publico Fiscal viene funcionando con partidas desactualizadas y sobre todo con precariedad edilicia. En todo el 2024 y en lo que va del 2025, la Procuración General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General de la Nación, con el Ministerio de Justicia, coordinaron las acciones urgentes y mínimas para la instalación en más de nueve provincias el modelo adversarial. La vorágine en la instauración rompió con el incomprensible letargo en el que había caído el mecanismo y auspicia una pronta coronación en todo el territorio nacional. Pero el entusiasmo de los fiscales, no debe ser entendido como una negación a los reclamos de recursos necesarios. La instalación, puso de relieve, la insuficiencia de las asignaciones económicas, máxime que se avecina un escenario donde se aumentaron tareas al MPF, que requieren grandes modificaciones de organización. Hasta ahora, la transformación procesal se llevó a cabo, casi exclusivamente, en base al esfuerzo de las instituciones comprometidas y sobre todo a la dedicación y vocación de servicio de los operadores del sistema, en especial de los fiscales y sus colaboradores de la Unidad Fiscal Salta y Jujuy que fueron los pioneros en la tarea.

¿Qué te motivó a postularte para presidir la AFFUN?

Este año la AFFUN cumple 20 años desde su constitución jurídica. Participé en casi todas las conducciones, lo que me permitió conocer a gran parte de las y los fiscales federales y nacionales de todo el país (no doy nombres porque seguramente me olvidaré de gente valiosa, por son muchos), quienes, junto a los anteriores presidentes, los fiscales Ricardo Sáenz, Carlos Donoso Castex y Carlos Rivolo, me fueron contagiando el compromiso de fortalecer las instituciones judiciales como medio de asegurar la independencia judicial. Las y los fiscales que integran la asociación tienen una marcada vocación de servicio, que viene ínsita en la tarea que desarrollan a diario, por eso promueven la empatía con las funciones de todos los fiscales argentinos y de Latinoamérica, sabiendo de las dificultades y riesgos que tiene el rol de los fiscales, los que no son conocido en su plenitud por la comunidad. Considere que mi postulación, junto a un excelente equipo que me acompaña, era una muestra concreta del carácter federal de la AFFUN, al permitir que un fiscal del interior la presida y por otra parte entendimos que podíamos aportar y acompañar a los funcionarios con nuestras experiencias en el proceso de implementación del sistema acusatorio.

¿Cuál es el principal objetivo de la AFFUN?

Tiene como propósito fundamental garantizar y fortalecer “la independencia judicial”, entendiendo que constituye un “derecho humano”. Esto no es un concepto abstracto, sino que la actuación independiente de los fiscales tiene directa vinculación con un control real a la desviación de poder y asegura la vigencia de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de un Estado de Derecho. Esta defensa, va más allá de exigirle al poder estatal el debido respeto a la separación de poderes y prevenir cualquier interferencia indebida por parte de los sectores de poder que quieran determinar el actuar de los fiscales, porque también comprende asegurar las “condiciones razonables de servicio” (recursos técnicos y materiales), acorde a la importante función que desempeñan en la administración de la Justicia. Estamos convencidos que el mejoramiento del “servicio de justicia” es lo que legitima la pretensión de independencia, por lo que también nos sumamos a todos esfuerzos para la “formación continua de los fiscales y sus colaboradores”, de modo tal que obtengan las herramientas que les permitan desarrollar o mejorar sus habilidades tanto en el ámbito penal como en el no penal. En los últimos tiempos, es motivo de constantes debates políticos, canalizados con proyectos legislativos, alterar las remuneraciones de los operadores judiciales, la seguridad en el cargo, la pensión y la edad jubilatoria desconociendo los principios constitucionales que las protegen. Por ello, es responsabilidad de la AFFUN advertir a la comunidad cuando detrás de algunos de esos planteos se pone en riesgo la independencia judicial.

En los últimos años, los fiscales han estado en el centro de la escena política y judicial. Hay sectores que acusan a algunos de actuar con motivaciones políticas o de direccionar las investigaciones. ¿Cómo manejan esas críticas y la presión mediática en su trabajo?

Es un tema muy preocupante. Los fiscales no sólo están obligados a justificar y explicar sus actuaciones, en el orden jurisdiccional e institucional, sino también en el ámbito comunitario. Es la función con mayor control oficial y externo. Para ello, existe un procedimiento previsto legalmente, donde se analiza alguna irregularidad en sus procederes. Pero cada vez es más común, cuando los y las fiscales hacen imputaciones a cuadros superiores de organizaciones criminales o a personas con alta trascendencia pública, que las partes y, a veces, hasta funcionarios públicos, realicen ataques mediáticos, intentando desacreditar sus personas, adjudicándoles conductas indecorosas y hasta delictivas, basados en datos que no son sometidos a un previo y lógico tamiz de verosimilitud en la vía recursiva del proceso judicial. Esta pretensión de torcer las decisiones de los magistrados con desdeñables “escraches”, en un marco de “convivencia y lenguaje violento”, hace sospechar que la verdadera intención de esas declaraciones es contaminar las investigaciones y cercenar la capacidad investigativa de las fiscalías. Este indebido hostigamiento mediático a jueces y fiscales, no sólo constituyen delitos muy graves, sino que, además, tienen una inusitada gravedad institucional, ya que son ataques inadmisibles a la independencia de la función judicial. Por ello, debemos estar alertas para identificar cuando existen cuestionamientos a las evidencias y sus valoraciones en la imputación y cuando se pretende influenciar en procesos penales en marcha, poniendo en riesgo la integridad de los fiscales, sus familias y sus colaboradores. Lamentablemente, en nuestro país y en toda Latinoamérica, existen dolorosos atentados y homicidios de magistrados como consecuencia de su tarea, eso nos exige, como sociedad, repudiar y desanimar cualquier presión indebida al actuar judicial, para evitar sus consecuencias irreparables.

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