La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal formalizó la investigación penal seguida contra un exdiputado provincial salteño y otros cinco imputados, a quienes acusó de integrar una asociación ilícita que contrabandeó toneladas de granos con cartas de porte falsificadas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las imputaciones fueron realizadas por la titular de la mencionada sede fiscal descentralizada, la fiscal federal Lucía Orsetti, en una audiencia de formalización de la investigación realizada el viernes pasado ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández.

Los seis acusados son el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado y todos quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes, en grado de coautores.

Además, la fiscal solicitó la captura nacional e internacional de otro implicado, el empresario Pablo Emanuel Arequipa, que logró huir horas antes de iniciados los nueve allanamientos que se concretaron el miércoles pasado en inmuebles comerciales y casas particulares de las ciudades jujeñas de Salvador Mazza y Tartagal, y en los que resultaron detenidos estos seis imputados.

En la misma audiencia, y también a pedido del MPF, la jueza dictó la prisión preventiva para cinco de los acusados: Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo, en tanto que Arenas, encargado de uno de los depósitos allanados, quedó en libertad sujeto al cumplimiento de reglas de restricción.

Los allanamientos

La investigación de la fiscal federal Orsetti, se inició a partir de la denuncia radicada el 21 de agosto del año pasado por la administradora en Tartagal de la Dirección General de Aduanas (DGA), María Mabel Tolaba.

En la presentación del caso, la fiscal explicó que además de los allanamientos en los que se produjeron las detenciones, se sumó un procedimiento de control realizado sobre la ruta 34, a la altura del puesto de control sobre el río Caraparí, con intervención de distintas secciones de Gendarmería Nacional, fuerza que también colaboró con las tareas de campo e inteligencia del caso.

Los procedimientos -según dijo- se realizaron en la tarde del miércoles pasado, tras comprobarse irregularidades en las cartas de porte con las que se pretendía dar fe del transporte de poco más de 10 toneladas de granos, entre soja y maíz, en tres camiones con acoplado, marcas Scania, Volvo y Mercedes Benz, los que eran conducidos por los hermanos Toledo y un tercer chofer prófugo.

El secuestro de la mercadería mencionada, en tanto, se logró en dos inmuebles comerciales ubicados en Salvador Mazza y conocidos como Klum y Exeni. Según la investigación, se trata de dos predios utilizados por la organización que se encuentran prácticamente en la frontera, con la particularidad de que sus fondos desembocan en territorio boliviano.

Los granos incautados, ahora bajo interdicción de la DGA, fueron valuados en 69.240.106,90 pesos, cifra representativa del flujo de ganancia que los acusados -principalmente Cisneros, Arequipa y Pedraza- embolsaban mediante el uso de documentación adulterada.

Además de estos dos predios, y por pedido de la fiscalía, se allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la sede de la empresa “LU.MA.CIS SRL”, propiedad del exdiputado provincial, quien fue detenido al presentarse en las instalaciones de la firma, tras tomar conocimiento de la medida judicial. También se allanó su vivienda particular, en la ciudad de Tartagal.

El resto de los procedimientos se realizaron en dos propiedades de Pedraza, en la empresa Sergesa SRL, en Salvador Mazza y propiedad de Arequipa, y en sus viviendas particulares, una en esa ciudad y otra en Tartagal.

En todos los casos, se procedió al secuestro de abundantes evidencias, armas , máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada, ligada a las cartas de porte adulteradas que las empresas solían confeccionar.

La fiscal mencionó que llamó la atención lo sucedido al momento de ingresar a la casa particular del prófugo. “Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”, explicó la Orsetti.

También remarcó el hallazgo de armas -una pistola 9 milímetros, una carabina con mira telescópica y cargadores-, en la empresa Sergesa SRL, ubicada en el paraje Sargento Alegre, a la altura del kilómetro 26 de la ruta 34, en Salvador Mazza, a metros de la frontera. También allí, la existencia de ocho silos construidos como pantalla de la actividad de la firma.

En realidad, los cargamentos de granos que llegaban en los camiones, siempre de madrugada, era traspasada a bolsas. Luego, en vehículos de menor porte, la mercadería salía de la empresa, para dar vuelta por una escuela vecina y, desde allí, pasar a territorio boliviano.

Como operaban

La fiscalía le atribuyó a los acusados el ejercicio de maniobras ilícitas vinculadas al contrabando de granos a gran escala, a través de la frontera norte jujeña, entre Salvador Mazza y Pocitos, actividad ilegal de la cual no descarta incluso la posible comisión de lavado de activos.

De la estructura ilícita descripta, se sindica al prófugo Arequipa y a Cisneros, a través de sus respectivas empresas Sergesa SRL, Spray and Seeds Agroservice S.A.S, y LU.MA.CIS SRL, del exdiputado, como los líderes de esta organización delictiva.

En un escalón más bajo, en tanto, aparece Pedraza, en un rol crucial como gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas, según explicó la fiscalía.

Según la hipótesis fiscal, los imputados trasladaban grandes volúmenes de granos hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz. Para ello, se valían de cartas de porte emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisneros. Así, burlaban el debido control aduanero y pasaban la mercancía a Bolivia de manera ilegal.

En una primera etapa, se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el traslado, la que era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados.