A instancia de la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano de la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio, dio por formalizada ayer la imputación penal y dictó la prisión preventiva requerida contra dos hombres que fueron detenidos el domingo pasado cuando viajaban con más de 54 kilos de cocaína en un automóvil Peugeot 408 por la ruta 68, en el acceso a la localidad de Cafayate.

Los acusados son Jhonny Caballero Franco y Ramiro Lupa López, quienes quedaron imputados por el delito de transporte de estupefacientes.

Además, y también a pedido de las representantes del Ministerio Público Fiscal, el magistrado dispuso una serie de pericias pendientes.

El caso

La auxiliar fiscal explicó que, en horas de la madrugada, efectivos de Gendarmería Nacional que hacían un control vehicular detuvieron el auto en cuestión, el que era conducido por Lupa López, con residencia en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Como acompañante iba Caballero Franco, quien tiene domicilio en Cafayate.

Al bajar del auto para efectivizar la requisa, los gendarmes advirtieron restos de plástico colorido adherido al torpedo del vehículo, como así también tornillos removidos.

Ante ello, y con el debido control judicial del caso, se trasladó el rodado a la base de la Sección Cafayate de esa fuerza federal, donde se descubrieron 52 paquetes ocultos en el torpedo, equivalentes a un total de 54 kilos con 400 gramos de cocaína. En virtud de ello, se detuvo a los ocupantes y se secuestraron sus teléfonos celulares.

Descripto el hecho, la fiscalía enumeró las evidencias documentales, solicitó autorización para avanzar con otras medidas probatorias y requirió la prisión preventiva de Caballero Franco y Lupa López, medida que fundó en los riesgos de fuga, entorpecimiento, la logística puesta de manifestó en la modalidad de ocultamiento del estupefaciente y en la posible participación de otros implicados en la maniobra.

Dado que la defensa no presentó objeciones, el juez declaró la legalidad de la detención, aceptó la imputación y dictó la medida de coerción requerida, entro otras disposiciones, las que consideró fundadas en razón de los argumentos expuestos por la fiscalía.