El gobierno de Javier Milei cuestionó el proyecto impulsado por una legisladora kirchnerista para aplicar un impuesto sobre la emisión de gas metano de las vacas. El secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, sostuvo que la iniciativa es “tirarse un tiro en el pie” y advirtió que la industria ganadera y cárnica constituye un motor clave para la generación de empleo y divisas en Argentina.

En declaraciones radiales, Lavigne señaló que la creación de “impuestos, tasas o tasitas” solo agrega incertidumbre para los productores y atenta contra el desarrollo del sector. Además, afirmó que la propuesta tiene un propósito contrario a la alta demanda de carne que existe actualmente en el mundo. El funcionario defendió el perfil ambiental argentino, remarcando que el país es carbono neutral y podría emitir bonos de carbono.

“Están al revés de lo que se intenta hacer. El mundo hoy tiene un déficit brutal de carne y Argentina se puede posicionar como uno de los grandes productores y exportadores de este tipo de bienes. Sería absurdo. Además, el país es carbono neutral y puede hasta emitir bonos de carbono. Argentina ‘descarboniza’, por decirlo así, en temas agregados. Me parece que es un sinsentido. Va contra la exportación y contra la producción”, sentenció.

La controversia comenzó luego de que la legisladora Lucía Klug presentara un proyecto para establecer la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el objetivo de aplicar un gravamen a las emisiones originadas por la actividad ganadera y canalizar los recursos recaudados hacia la mejora de la gestión de residuos urbanos. El sector respondió de inmediato con críticas, señalando que la medida implicaría mayores costos y carece de sustento técnico.

La iniciativa fue impulsada por la diputada de Unión por la Patria (UxP) y referente de Juan Grabois. El proyecto se apoya en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y contempla la creación de un fondo fiduciario. A través de este instrumento se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a partir de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, conforme establece la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El texto argumenta que la propuesta responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”. El Inventario de GEI de la Argentina muestra que la provincia de Buenos Aires es una de las mayores emisoras del país, aportando cerca del 25% del total de gases de efecto invernadero a nivel nacional.

En la composición de las emisiones provinciales, el metano (CH4) representa el 27%, con la ganadería como responsable del 19% de esas emisiones y la gestión de residuos sólidos urbanos del 6%.

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